El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recordó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) que México presentó una demanda contra empresas privadas estadounidenses por presuntas prácticas intencionales y negligentes relacionadas con la producción y comercialización de armas, implicadas en múltiples hechos de violencia del país.
Las compañías, en tanto, no solo solicitaron que la demanda sea desechada por la ausencia de fundamento de que hayan hecho algo ilícito, sino que además acusaron a México de buscar «imponer» sus políticas de control de armas en Estados Unidos.
«Es una violación del derecho constitucional a tener y portar armas en Estados Unidos, lo cual es un choque de valores entre ambos países», enfatizaron.
México presentó el 4 de agosto pasado una demanda civil contra once empresas que fabrican y/o distribuyen armas de fuego ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador argumentó que los fabricantes deliberadamente facilitan la venta de armas de fuego que finalmente llegan a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera y con la demanda están buscando tanto reparaciones económicas por el daño como compromisos de estas empresas en frenar el flujo ilícito de armas al asumir mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos que nutren la violencia al otro lado de la frontera.
Las empresas cumplieron ayer con el plazo para presentar sus respuestas por escrito sobre las acusaciones.
Calificaron el caso así: «Son incapaces de controlar la violencia de los carteles dentro de sus propias fronteras, México presentó esta demanda buscando culpar a fabricantes y distribuidores de armas de fuego en Estados Unidos».
México no ofrece ninguna evidencia de responsabilidad directa de estas empresas con la compra y uso ilícito de sus productos por terceros, y que, bajo las leyes estadounidenses, este caso no tiene sustento.
En un argumento conjunto por ocho de las once empresas acusadas -varias también presentaron sus respuestas individuales en el caso- afirman que México está buscando responsabilizar a los fabricantes de armas de la violencia provocada por los carteles en México.
«Las autoridades mexicanas no alegan que alguno de los demandados, los cuales son miembros de la comunidad empresarial en Estados Unidos que acatan la ley, venden sus armas de fuego a los carteles, sino de hecho, que los actores criminales son intermediarios sin ningún vínculo con las empresas. Por lo tanto, no se puede responsabilizar a los demandados por la acción independiente de algún tercero», coincidieron.
Y agregaron: «México, con esta demanda, está intentando imponer sus propias políticas de control de armas sobre empresas de armas de fuego estadunidenses ignorando las decisiones hechas por legislaturas domésticas y depositadas en las constituciones estatales y la federal estadounidense».
La agrupación de empresas demandadas afirmó: «En el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales. Donde Estados Unidos reconoce el derecho de mantener y portar armas, México casi ha eliminado la posesión privada de armas».
«México está buscando extenderse más allá de sus fronteras y castigar a ventas de armas que no solo son legales sino constitucionalmente protegidas en Estados Unidos», continuó.
«Y al intentar llevar a la bancarrota a los fabricantes de armas de Estados Unidos, esta jugada no solo amenaza las libertades constitucionales de América, sino también el equilibrio cuidadoso de regulaciones de armas de fuego establecidas por el Congreso y legislaturas estatales», ahondó.
«Por todo esto, el tribunal no tiene que jugar en esto. Debería desechar la queja”, sentenció.
El juez federal F. Dennis Saylor ahora tendrá que evaluar todos estos argumentos – y posiblemente otros más de México – al decidir si este caso procede o no, y bajo qué condiciones.
